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Abuso y discapacidad intelectual: Prevención y claves en la detección (Parte I)

María Recio, Laura Galindo, Jacobo Cendra, Alberto Alemany, Gisela Villaró, Almudena Martorell

Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Madrid (España)
almudena.martorell@gmail.com

Nota del Ed. El presente artículo es la primera parte del folleto que, con ese título, elaboró y publicó la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, disponible en:
http://www.nomasabuso.com/wp-content/uploads/2012/05/Guía.pdf. Presentamos el Sumario completo, para el mejor seguimiento de  los lectores. La Bibliografía será expuesta al final de la segunda parte (número 27, octubre 2017).

Resumen

El artículo ofrece a las organizaciones de atención a personas con discapacidad intelectual unas orientaciones que son clave para la prevención y detección del abuso a personas con discapacidad intelectual en sus diferentes formas: abuso físico, abuso psicológico, abuso material y financiero, negligencia y abuso sexual. Explica detalladamente las pautas de intervención de los diversos profesionales para la atención a las víctimas a lo largo de todo el proceso, incluida la fase de intervención judicial. El contenido está basado en la amplia y profunda experiencia desarrollada por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual , de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (Madrid).

1. Introducción: Marco conceptual

Cuando hablamos de abuso nos referimos a cualquier intromisión indeseada, provocada intencionadamente, que viola la integridad personal, emocional, financiera, física o sexual de la persona. Un abuso es siempre una violación de los derechos humanos y civiles de un individuo. Puede aparecer en cualquier tipo de relación entre dos o más personas, dando como resultado daños significativos para la persona que es objeto del abuso. Puede consistir en:

• Un acto aislado o una serie de actos repetidos en el tiempo.
• Conductas psicológicas, físicas o verbales.
• Un acto negligente por actuación u omisión.
• Una situación en la que se persuade a una persona vulnerable para que forme parte de una transacción sexual o financiera sin que ésta haya dado su consentimiento o no tenga capacidad para consentir.

Los términos “abuso” o “maltrato” responden a una gran variedad de situaciones, por lo que se suelen emplear diferentes tipologías a partir de la forma característica en la que se manifiesta, aunque lo habitual es que en una relación abusiva se den simultáneamente diferentes tipos de abuso:

• El abuso o maltrato físico, que incluye golpes, puñetazos, quemaduras, patadas, pellizcos, mal uso de medicamentos, aislamiento o sanciones físicas inapropiadas.
• El abuso o maltrato psicológico, que incluye la discriminación, el abuso emocional, las amenazas de daño o abandono, la privación de contacto, la humillación, la intimidación, la coacción, el abuso verbal o la privación de redes de apoyo de manera continuada.
• El abuso o violencia sexual que incluye las violaciones, actos sexuales o exposición a material pornográfico sin consentimiento o sin capacidad de consentir por parte de la víctima.
• El abuso material o financiero que incluye el robo, el fraude, la explotación laboral, las presiones en la gestión del patrimonio o la apropiación indebida de los bienes de la víctima.
• La negligencia o actos de omisión que incluyen la negación de las necesidades de cuidados físicos, negación del acceso a los servicios sanitarios, sociales o educativos y la privación de las necesidades básicas de alimentación, sueño o medicación.

Cualquiera de estos tipos de abuso se puede llevar a cabo como resultado de un intento deliberado o por desconocimiento de la ley. En cualquier caso el abuso constituye una infracción penal frente a la cual las personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de personas, tienen el derecho a ser protegidas por la ley. De todas las formas de abuso, el de tipo sexual sigue siendo aquel frente al cual existen mayores reticencias y dudas a la hora de intervenir. Por tal motivo se decide adjuntar a esta Guía un protocolo específico de intervención en casos de abuso sexual y violencia doméstica y de género a personas con discapacidad intelectual.

2. La vulnerabilidad al abuso en las personas con discapacidad intelectual

En los últimos años algunos estudios inciden en la enorme vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual (DI) a ser víctimas de abusos (Fyson y Cromby, 2010; Sullivan y Knutson, 2000; Westcott y Jones, 1999), con una prevalencia superior a las personas sin DI (Brown et al., 1995; Horner-Johnson y Drum, 2006; McCarthy y Thompson, 1997; Sobsey, 1994; Verdugo et al., 2002). Esta evidencia genera una enorme preocupación en sus familias. Tras la revisión de la literatura internacional en lo referido a los factores que pueden llevar a que una persona sea más vulnerable a los abusos (Turk y Brown, 1993; Mc Cartney y Campbell, 1998; Sobsey et al., 1997; Cambridge y Carnaby, 2000; Verdugo et al, 2002) se destacan los siguientes:

• Tener discapacidad
• Ser mujer
• Ser menor de edad
• Existir una dependencia física, psíquica o emocional
• Falta de recursos económicos: nivel socioeconómico bajo
• Limitaciones cognitivas y de comunicación que dificulten la capacidad para expresar los deseos y necesidades afectivas y sexuales
• Relaciones de dependencia y sumisión hacia el cuidador principal
• Falta de formación y de acceso a la información
• Antecedentes de abusos o historia de violencia en la familia o entorno de convivencia
• Falta de accesibilidad en el entorno comunitario
• Falta de intimidad
• Aislamiento

Analizando algunos de estos factores, se puede comprender por qué las personas con DI son especialmente vulnerables al abuso. La falta de autonomía para actividades de cuidado personal muchas veces determina que el cuerpo de personas adultas con DI sea accesible a personas que se encargan de su cuidado. El riesgo que ello conlleva es la interiorización de la creencia de que su cuerpo es accesible a los demás. La dependencia de otros favorece comportamientos de obediencia y sumisión, ya que el enfrentamiento puede implicar la retirada del apoyo. Este tipo de aprendizaje no favorece la asertividad, es decir, la capacidad de expresar los intereses de uno a pesar de que entren en conflicto con los de la otra persona, y conduce a una alta deseabilidad social o necesidad de contentar a las personas de su entorno, en especial a las que no tienen DI. El riesgo que ello conlleva es que accedan a realizar actos que no son de su agrado por el simple hecho de contentar y ganarse la simpatía de la persona que solicita determinadas relaciones. En definitiva, se van sumando una serie de factores que impiden que la persona adquiera habilidades y experiencias que permiten a una persona cuidarse de posibles abusos.

Por otro lado, la falsa creencia de que las personas con DI no tienen necesidades sexuales y el miedo a que hablar de ello puede animarles a practicarlo, bloquea su educación sexual, impidiéndoles discriminar entre comportamientos adecuados e inadecuados, llegando incluso a que la persona ni siquiera pueda identificar que están siendo víctima de un abuso.

Este desconocimiento, sus menores habilidades comunicacionales, o la elevada relación de dependencia hacia sus cuidadores minimizan la capacidad de la persona con DI a denunciar la situación que está viviendo. Y de denunciarla, el riesgo a sufrir un proceso de victimización secundaria es alto, por las barreras con las que fácilmente se van a topar, de las cuales se destacan las siguientes:

• Existe una mala adecuación de los instrumentos, entrevistas y procedimientos que permiten detectar los abusos cometidos contra estas personas.
• El lenguaje y los métodos de los profesionales que trabajan en la detección (policías, educadores, personal sanitario, etc.) no están adaptados a las personas con DI.
• La credibilidad percibida de los testimonios de personas con DI es menor que la procedente de personas sin DI (Henry et al., 2011; Peled et al., 2004). Sin embargo, las personas con DI, si son adecuadamente entrevistadas con métodos adaptados, y por parte de profesionales especialistas, pueden proveer de testimonios fiables (Aarons y Powell, 2003, 2006; Bull, 2010; Ternes y Yuille, 2008).

3. Prevención del abuso desde las organizaciones

3.1. Evaluación de la posición de la entidad frente al abuso

Las organizaciones y los profesionales que les dan apoyo juegan un papel importante en la prevención del abuso hacia las personas con discapacidad intelectual (DI). Disponer de mecanismos para la prevención y protocolos que orienten la intervención puede ser de gran ayuda.

Es positivo que la organización tenga un plan de actuación y que en su desarrollo se implique al máximo número de personas para que sea conocido y compartido. Esto evitará que se incurra en situaciones paradójicamente negligentes, como por ejemplo ocultarlo o negarlo:

• Dejándose influir por presiones de imagen. Los casos de maltratos o abusos pueden conducir a sus profesionales a temer el que quede dañada la buena imagen de la entidad. Esto puede llevar a negar u ocultar las evidencias y no proteger a la víctima.
• Cuestionándose si denunciar es favorable para la persona o la deja en una situación de mayor desprotección.
• Cayendo en el relativismo cultural de justificar a los abusadores y creyendo, falsamente, que se comportan de acuerdo a ideas culturales o religiosas dignas de respeto.

Una buena gestión de las organizaciones con respecto a los abusos puede influir muy positivamente en su prevención. Reflexionar sobre el grado de protección de la organización frente al abuso contribuye a garantizar que las personas con DI estén protegidas ante este tipo de situaciones. Esto es especialmente relevante para personas con mayores necesidades de apoyo.

El análisis de las respuestas sinceras al cuestionario del Anexo 1 puede ser un buen punto de partida para iniciar acciones de prevención y protección frente al abuso. Es interesante hacer este análisis con diferentes miembros de la organización (profesionales, familias, personas con discapacidad, voluntariado, dirigentes…), para así poder evaluar de una manera eficaz la posición de la organización frente a los abusos y el consiguiente trabajo necesario para conseguir constituirse como una entidad que sepa detectar e intervenir eficazmente ante la vulneración de los derechos de sus usuarios.

3.2. Orientaciones para la prevención

Siguiendo la estructura del modelo “Juntos contra el abuso” de Philip Madden (European Association of Services Provided for People with Dissabilities -EASPD) se enumeran a continuación varias directrices encaminadas a facilitar esa prevención:

a. Posición clara de la organización contra el maltrato

La organización tiene que tener una posición claramente definida, pública y conocida de intolerancia contra el abuso de cualquier tipo. Nadie puede abusar, independientemente del cargo o de la posición que tenga en la organización. Para ello, las acciones a llevar a cabo son:

• Tener una definición escrita, clara y sencilla de lo que se entiende por “abuso”.
• Dar a conocer este posicionamiento y definición a toda la organización (profesionales, familias y personas con discapacidad).
• Hacer referencia a las actuaciones contra el abuso en los estatutos, planes estratégicos y de acción de las organizaciones.

b. Directrices relacionadas con el personal

• Pedir y comprobar referencias al contratar al trabajador. Es importante contactar con el centro del que procede. Estudios demuestran que profesionales que han abusado repiten este comportamiento.
• Procurar que existan profesionales hombres y mujeres, posibilitando que exista personal del mismo sexo que la persona con discapacidad que necesite apoyos íntimos.
• Dotar de formación inicial específica sobre abusos a nuevos profesionales en sus primeros días de trabajo.
• Formar a toda la plantilla, desde un enfoque de los derechos humanos y la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, resaltando la importancia de los conceptos de autonomía, dignidad, respeto, privacidad, libertad e igualdad de oportunidades.
• Planificar reuniones periódicas donde los profesionales puedan reflexionar sobre situaciones que facilitan el abuso, indicadores, pautas de intervención y recursos existentes.

c. Formación

Es necesario gestionar la formación específica para identificar y evitar situaciones de abuso, distinguiendo entre la formación específica para personas con DI, de la dirigida a sus familiares o a los profesionales:

La formación específica para personas con DI, que incluiría educación afectivo-sexual, asertividad, comunicación, técnicas para escapar o pedir ayuda, quiénes pueden ser los agresores, etc. Conviene que se complemente con un trabajo en autodeterminación (“dirigir mi propia vida”, “gestionar mi propio dinero”…) y en el conocimiento de sus derechos o sus obligaciones y los derechos de libertad y elección de los demás (familia, amigos, personas sin DI).

Los materiales utilizados para la formación deben adaptarse para garantizar que son comprensibles para las personas con DI que asisten a la formación. Pueden utilizarse pictogramas y adaptaciones a lectura fácil y recursos tecnológicos y pedagógicos que contribuyan a que el aprendizaje sea efectivo.

Hacer que las propias personas con DI sean formadoras, además de suponer un mayor conocimiento para la persona que va a formarse contribuye a una mayor comprensión y conexión entre quienes son formados. Este es el principio del proyecto “No me dañes” de FEAPS Madrid, donde personas con DI previamente formadas y con la colaboración de una persona de apoyo, se encargan de formar a otras personas con DI sobre formas de protección ante el abuso.

El programa debe tener continuidad, de forma que las personas que participan puedan adquirir conocimientos y plantear dudas de acuerdo a su desarrollo personal.

La formación específica para las familias debe orientarse a la toma de conciencia de la vulnerabilidad de las personas con DI ante el abuso. Los contenidos formativos serán similares a los de personas con discapacidad (afectivo-sexual, asertividad, comunicación, técnicas para escapar o pedir ayuda, autodeterminación y el conocimiento de sus derechos, sus obligaciones y los derechos de libertad y elección de los demás).

También es importante trabajar sobre los indicadores de abuso y cómo actuar en caso de sospecha. En este sentido, es indispensable que conozcan a los profesionales que les pueden orientar y a los que acudir en caso de necesitarlo, y la red de recursos de atención disponibles en su comunidad, como el recurso de la web adaptada para personas con DI, que además cuenta con espacios específicos para familiares y profesionales (www.nomasabuso.com).

La formación y sensibilización a profesionales. Los profesionales del ámbito policial, sanitario y jurídico de la zona deben saber que las personas con DI pueden ser, y de hecho son, víctimas de abuso. Conocer sus características, las claves para establecer una buena comunicación con ellas y los recursos que les dan apoyo son elementos indispensables que debe contener el programa formativo. Facilitar folletos o información específica en comisarías, centros de salud y juzgados y tribunales sensibilizará a un mayor número de personas y favorecerá una mejor atención. El folleto Cómo atender y apoyar a personas con discapacidad intelectual, editado por FEAPS Madrid (2011), y la Guía de Intervención Policial con Personas con Discapacidad Intelectual, de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y Guardia Civil (2012), son un ejemplo de ello.

d. Propiciar procesos de registro y actuación

• Realizar un registro de todos los casos identificados y derivados para hacer un seguimiento de las personas, de la evolución personal, social, familiar y jurídica.
• Llevar a cabo la coordinación con servicios especializados en investigación e intervención en casos de abuso a personas con DI.

e. Apoyo para todos

Establecer un sistema de apoyos para la persona con DI que ha sido víctima del maltrato. Ello implica:

• Crear o derivar a un servicio especializado que pueda brindar la ayuda profesional y los materiales e instrumentos adaptados tanto a las personas con DI implicadas como a los profesionales que con ellas trabajan.
• Crear un sistema de apoyo judicial centrado en la
• persona que le acompañe en todo el proceso.

f. Designar una persona responsable

La organización debe crear la figura de un responsable de prevención general, con conocimientos en legislación y que conozca cuáles son los trámites que se han de realizar cuando se da una situación de abuso. Sería recomendable que tuviese experiencia suficiente, fuese “visible” dentro de la entidad, y se relacionase con todas las personas que forman parte de ella. Esta persona es la que coordinaría y supervisaría los protocolos de evaluación y actuación adjuntos una vez identificados los casos.

g. Revisión de casos y de iniciativas

Aprender de casos que ya se hayan dado facilita la prevención. Se podrá estudiar qué ha pasado, cómo y por qué se reaccionó así, qué actuación posterior se llevó a cabo, consecuencias por ese acto, etc. Crear un grupo que haga “prácticas”, simulacros, que reflexione para trabajar sobre las medidas de prevención (que se reúna un par de veces al año, por ejemplo, para estudiar o hablar de esos casos) o involucrar a una organización externa son medidas que pueden ayudar en la revisión de los casos.

h. Transparencia

• Favorecer la inclusión de “todos” en la comunidad y procurar no realizar actividades segregadas.
• Desarrollar estrategias de alianzas con otras entidades.
• Evitar el aislamiento y la autocomplacencia de la entidad, aumentando las actividades que se realicen en la comunidad.
• En cuanto a la organización en la propia entidad, realizar rotación de profesionales

4. Claves en la detección de los abusos

Se estima que sólo el tres por ciento de los casos de abuso sexual cometidos a personas con DI serán revelados (Valenti-Hein y Schwartz, 1993). El desconocimiento de lo que significa un abuso, la imposición de la ley del silencio y las amenazas por parte del agresor, el miedo a que no les crean o la incapacidad para expresar el delito del que están siendo víctimas, son sólo algunas de las causas que explican el hecho de que la revelación del abuso sea la excepción. Que la situación delictiva sea detectada dependerá, en la mayoría de los casos, de la capacidad de detección de un tercero. Por ello, la capacidad del profesional para saber detectar cuándo una persona está siendo abusada, es crucial.

Las claves en la detección de un abuso son:

• Considerar la posibilidad de que la persona sea víctima de un abuso.
• Estar atentos a los cambios en la persona con DI que se pueden derivar de una situación de abuso.
• Atender a las verbalizaciones espontáneas.
• Planificar una entrevista de valoración.
• Registrar la información.

4.1. Considerar la posibilidad de que la persona sea víctima de un abuso

Considerar la posibilidad por parte de los profesionales, de que un usuario  pueda estar siendo víctima de un abuso no debe limitarse a los casos en los que existen confidencias o revelaciones directas de la persona. En muchas ocasiones la persona con DI tiene grandes dificultades de comunicación o limitaciones en la identificación de situaciones de abuso, lo que supone que sea tremendamente difícil que lo revele de una manera clara. Por otro lado, las emociones frecuentemente derivadas del abuso, como el miedo, la culpa, la vergüenza o el temor a no ser creído constituyen potentes factores mantenedores del secreto del abuso.

Precisamente por lo ya expuesto a lo largo de esta Guía, porque sabemos que los menores y adultos con discapacidad tienen más riesgo de ser abusados, y porque durante mucho tiempo los mitos asociados a la discapacidad nos han impedido saber detectar situaciones de abuso, y consecuentemente, proteger a muchas víctimas con DI, debemos ser capaces de considerar la posibilidad del abuso como una hipótesis más de trabajo. Además, si tenemos en cuenta las diferentes investigaciones que apuntan a los altos índices de prevalencia del abuso en este colectivo, plantear esta posibilidad no supone ninguna rareza.

4.2. Estar atentos a los signos que se pueden derivar de un posible abuso

El abuso sexual, físico, psicológico y la negligencia cubren una enorme variedad de conductas y experiencias vividas en la persona, que pueden pertenecer a una gran variedad de contextos familiares y contextos sociales. Además, puede ocurrir en diferentes edades, durante diferentes periodos de tiempo. Por último, estos menores o adultos además tienen apegos, temperamentos, fortalezas y vulnerabilidades enormemente variados. Todos ellos van a condicionar el impacto que el abuso deje en la persona.

Conocer los indicadores de los diferentes tipos de abuso, así como sus posibles consecuencias, que en la mayoría de los casos se expresan en forma de cambios en el comportamiento, es fundamental para la detección. Estos indicadores, consecuencias o cambios van a ser, en muchos casos, el único instrumento para detectar, ya que como se ha visto, las verbalizaciones son escasas para poder detectar de manera eficaz un posible abuso.

Los indicadores se refieren a aquellos hechos observables y que pueden responder con bastante probabilidad a que un abuso haya podido suceder. Las posibles consecuencias se refieren a todo aquel repertorio de manifestaciones psicológicas, conductuales, emocionales y sociales que podrían ser consecuencia del abuso, pero que no son manifestaciones exclusivas de éste. Por ejemplo, la apatía, la anorexia, o la masturbación compulsiva son tres posibles consecuencias de un abuso sexual, pero las mismas también podrían ser consecuencia de una época de malestar o ansiedad en la persona, por lo que su presencia no debe conducir al profesional a establecer relaciones causales imprudentes.

Tanto la observación de los indicadores como de las posibles consecuencias, pueden ayudar a hacer un seguimiento más cuidadoso de la persona y llevar a cabo las medidas necesarias que permitan valorar si, efectivamente, parecen responder a un posible abuso o se deben a otras causas. Al final se presentan unas tablas con los indicadores y posibles consecuencias de los diferentes tipos de abuso, extraídas a partir de una revisión bibliográfica en abuso y discapacidad intelectual.

Hay numerosos estudios que demuestran que el abuso sexual o físico en la infancia puede conducir en la adultez a una variedad de enfermedades mentales (Mullen et al.,  1996), trastornos conductuales, emocionales y relacionales. Pero conviene matizar que la experiencia de abuso en sí misma no es necesaria ni suficiente para producirestos síntomas, sino que actúa en relación con muchos otros factores de riesgo (como por ejemplo, la incapacidad parental de establecer un apego seguro, las enfermedades mentales parentales o el déficit en estrategias de afrontamiento) que conducen a la presencia de efectos adversos en la persona (Mullen et al., 1988).

Algunos de los factores que se han manejado como más condicionantes de la aparición de síntomas de abuso son: el apego, la resiliencia (o capacidad para afrontar situaciones traumáticas), el apoyo social, la segunda victimización, el tiempo transcurrido desde los abusos, el número de abusos sufrido, la edad, la credibilidad percibida por la víctima tras la revelación o la capacidad intelectual de la víctima. En relación al último factor, conviene matizar que las personas con DI, contrariamente a lo que tradicionalmente se pensaba (al tener menos capacidad para comprender, sufrían menos), son más vulnerables a la presencia de sintomatología psiquiátrica a partir de un suceso traumático y de situaciones vitales estresantes (Martorell y Tsakanikos, 2008; Moss et al., 1993).

Debido a la complejidad, a la variedad de las experiencias de abuso y a los factores que median en el impacto que éste deja en la persona, el abuso se puede manifestar con una amplia variedad de síntomas y niveles de afectación emocional, por lo que no se puede establecer un síndrome asociado al abuso. De hecho, hay investigaciones que apuntan que hasta un 40% de los menores que han sufrido un abuso apenas manifiestan síntomas (Kendall-Tacket et al., 1993). Pese a que dichas investigaciones no incluyen al colectivo de personas con DI, y por lo anteriormente dicho, se podría suponer que en las personas con DI este porcentaje debería ser menor. Lo cierto es que la no manifestación de síntomas no debe llevar a no creer, y a no movilizarse con una persona que refiere estar sufriendo una relación abusiva.

Hay escasas publicaciones concernientes a las posibles consecuencias psicológicas que el abuso puede dejar específicamente en personas con DI (Sequeira y Hollins, 2008). Los signos o efectos clínicos que se pueden derivar de vivencias de abuso en personas con DI son:

a) Trastorno de estrés post-traumático (TEPT). Se manifiesta con la presencia de flashbacks, pesadillas, reducción de la actividad, sensación de indefensión, incapacidad para recordar aspectos del suceso traumático, pensamientos intrusivos y rechazo de aspectos relacionados con el abuso (Howlin y Clements, 1995; Peckham et al., 2007). Hay que tener en cuenta que el diagnóstico del TEPT es más difícil de obtener en personas con DI por el déficit que les suele acompañar para referir vivencias internas. El TEPT en personas con DI con déficit en la capacidad introspectiva, suele manifestarse en forma de trastorno de conducta (McCarthy, 2008).

b) Ansiedad. Se manifiesta en forma de hiperactividad, explosiones de ira o agresividad, inseguridad en las relaciones, comportamientos fóbicos, regresiones a estadios de desarrollo infantiles, quejas somáticas sin base orgánica y alteraciones del sueño (Sequeira y Hollins, 2003; Turk y Brown, 1993; Sobsey y Mansell, 1994).

c) Depresión. Hay autores que refieren que la depresión es el síntoma más común en víctimas de abuso sexual (Kuyken, 1995; Sinason, 2010). Se manifiesta en forma de retraimiento, falta de vitalidad, abandono del cuidado personal o apatía.

d) Otros problemas psiquiátricos. Son el trastorno disociativo (Johnson, 2001; Mac Fie et al., 2001; Sinason, 2010) y la patología borderline (Fonagy y Target, 1995) los que frecuentemente se asocian a experiencias de abusos intrafamiliares en la infancia.

Muchas personas con DI expresan su malestar físico o psicológico a través de la conducta, en concreto a través de alteraciones conductuales (Cruz et al, 1988; Dune y Power, 1990; Sobsey y Mansell, 1994; Sinason, 2010; Sobsey y Doe, 1991; Johnson, 2001). Así, por ejemplo, una persona con altos niveles de culpabilidad como consecuencia de un abuso sexual difícilmente realizará verbalizaciones sobre el mismo. Sin embargo, puede expresar lo que le está sucediendo con conductas de masturbación compulsiva o con un rechazo repentino hacia una persona o un lugar.

En las personas con DI que son víctimas de un abuso, la presencia de problemas de conducta son frecuentes por varias razones. La primera razón tiene que ver con la propia DI, que les lleva a tener menos recursos para comunicar lo que le está pasando y, por tanto, para frenar la situación abusiva. Por tanto, al estar durante más tiempo viviendo la experiencia traumática, la probabilidad de que aparezca el malestar y la sintomatología en forma de trastorno de conducta es mayor. La segunda razón tiene que ver con sus mayores dificultades en la capacidad metacognitiva o función reflexiva, es decir, para entender y para conectar con lo que les está sucediendo, lo que también lleva a las personas a reflejar su malestar a través de equivalentes conductuales.

El hecho de que los problemas de conducta constituyan un signo de alarma de una posible situación abusiva hace que la detección sea, si cabe, aún más difícil. Esto es debido a que los problemas de conducta constituyen la manera de comunicar malestar para algunas personas con DI con dificultades de expresión verbal en general, sin deberse necesariamente a una situación traumática. Por otro lado, el profesional corre el riesgo de mirar a la persona bajo el tan frecuente efecto eclipsador. Éste se refiere a la tendencia a atribuir como causa de la problemática que presenta la persona con discapacidad a la discapacidad misma, eclipsando esta atribución la situación que realmente la está provocando (Reiss, Levitan y Szysko, 1982). Sirviéndonos del ejemplo antes descrito, el profesional puede pensar que la causa dela masturbación compulsiva es la discapacidad misma, pasando por alto otras hipótesis que sí que explicarían la conducta en cuestión.

Debido a la inespecificidad de los síntomas asociados al abuso, será necesario descartar otras posibles causas, buscar evidencias que confirmen (o falseen) la hipótesis del abuso y considerar el relato que se hace de los hechos. Lo importante es entender que cualquiera de estas manifestaciones puede estar expresando, sea un abuso o no, un malestar en la persona que es importante atender.

4.3. Atender a las verbalizaciones espontáneas

Cuando hay una revelación espontánea referente a una situación de abuso, podemos estar ante un caso de alta sospecha del mismo, siendo necesario actuar para proteger a la persona.

Es importante que se atienda a la persona sin poner en cuestión la veracidad del testimonio. Existe el mito de que las personas con DI tienden a inventar o que confunden sus deseos con la realidad. Este tipo de creencias, parcialmente falsas, les dejan en una situación de total indefensión ya que, al no ser creídas, dejan de ser atendidas.

En cualquier caso, a estas verbalizaciones tampoco deben otorgárseles una credibilidad acrítica. Esto es, debería escucharse a la persona y tratar de corroborar que, efectivamente, los hechos descritos ocurrieron. Para ello, en la mayoría de las ocasiones se requerirá de la participación de especialistas en la valoración de la verbalización, debido a que este tipo de hechos constituyen un delito y existe un elevado riesgo de interferir en los procesos de investigación posteriores. En ocasiones, con el ánimo de comprobar que la persona ha sido realmente víctima de un abuso o por otros motivos, se le pide a la persona que repita una y otra vez cómo sucedieron los hechos. Esto supone una mala actuación, ya que implica una interferencia con los posibles recuerdos de los hechos mediante reinterpretaciones, lo que podría llevar a que con posterioridad sus manifestaciones no fueran tenidas en cuenta durante el proceso judicial por la posible aparición de diferencias entre las diferentes verbalizaciones.

4.4. Planificar una entrevista de valoración

Cuando existen datos que llevan al profesional a sospechar que una persona puede estar siendo víctima de un abuso, se puede llevar a cabo una entrevista de valoración. Hay una serie de principios generales que siempre deberemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este tipo de entrevistas, cuyo objetivo principal es entender el malestar que está expresando la persona.

Estos principios son:

a) Deberá ser el profesional con el que más confianza tenga la persona con DI quien realice la entrevista. Esta entrevista debe estar enmarcada en un contexto de seguridad y confidencialidad, por lo que será exclusivamente esta persona la que realice la entrevista. En este sentido sería importante asegurarse de que la persona con DI se encuentra en una situación de protección, puesto que si se encuentra en peligro existe el riesgo de que su testimonio sufra modificaciones fruto de sentimientos como el miedo.

b) Nunca se deberá sugerir concretamente el hecho del abuso o maltrato (recordamos que las personas con DI son altamente aquiescentes y nos pueden asentir, no por lo que estén viviendo, sino porque se lo estamos sugiriendo nosotros).

c) El profesional que vaya a llevar a cabo la entrevista de valoración debe estar entrenado en este tipo de entrevistas y ser consciente de la importancia y responsabilidad que ello supone.

d) Es fundamental que la entrevista sea registrada lo más detalladamente posible, tanto las preguntas formuladas como las respuestas emitidas. Si es posible, sería conveniente registrar la entrevista en un soporte audiovisual.

e) Si alguno de estos aspectos no puede ser garantizado, es mejor no realizar la entrevista de valoración y consultar con un especialista con quien coordinar la valoración.

Antes de llevar a cabo la entrevista de valoración, es preciso consultar con especialistas de la red pública de oficinas de atención a las víctimas o recursos especializados, como es la Unidad de Atención a las Víctimas con DI (UAVDI) de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que se encuentra en la Comunidad de Madrid, pero que presta sus servicios en todo el territorio nacional. Estos casos son:

• Aquellos casos en los que el profesional no se sienta capaz de hacer la entrevista, bien porque considera que no está preparado, o bien porque entienda que no va a disponer de la capacidad para proteger a la persona tras una posible revelación.
• Casos de abuso sexual o maltrato en los que se valora que la afectación de capacidades de la persona puede influir en su testimonio, por lo que obligatoriamente se debe contar con especialistas en entrevistas de valoración con personas con discapacidad que, previo a la obtención del testimonio, lleven a cabo una evaluación de las capacidades que puedan afectar al mismo.
• Casos de abuso sexual en los que, por la edad de la víctima, el tipo de relación con el supuesto agresor, y las verbalizaciones emitidas por la víctima, se valora la necesidad de evaluar la capacidad para consentir.
• Casos en los que la persona con DI, de confirmarse las sospechas, se encuentre en situación de riesgo, es decir, que existe la posibilidad de que el abuso o el maltrato se sigan perpetuando. Este tipo de casos es frecuente cuando se habla de abuso o maltrato intrafamiliar.

4.5. Registrar la información

Realizar un registro minucioso tanto de las verbalizaciones como de los posibles indicadores antes descritos, puede ser de enorme utilidad en caso de que efectivamente la situación de abuso o maltrato se esté dando o se haya dado. Toda esa información podrá ser utilizada para la actuación posterior de profesionales policiales, judiciales, sanitarios, forenses o terapéuticos. La información más relevante a registrar será:

• Todo lo referido por la persona durante la revelación espontánea. El registro de esta revelación debe ser lo más literal posible, intentado registrar con exactitud las palabras o mensajes emitidos a través de otros sistemas de comunicación por la persona. De igual manera, es necesario registrar de forma literal las intervenciones que ha podido realizar el profesional, compañero o familiar en el momento de la revelación (tanto si la revelación se da en un contexto ocupacional, educativo, de ocio o terapéutico). Si se dispone de los medios adecuados, tras obtener el consentimiento, la entrevista puede grabarse con los medios audiovisuales de los que se disponga (desde una simple grabadora hasta un circuito cerrado de cámaras).
• La sintomatología que presenta (frecuencia, intensidad y duración) y el momento de aparición de la misma.
• Todos los acontecimientos que puedan haber favorecido la revelación de los hechos, como cambios en el contexto de la persona con DI y sucesos extraordinarios.

Tablas de indicadores y posibles consecuencias de los diferentes tipos de abuso